Ciudad de México — La del sábado 24 de septiembre parecía una típica y soleada mañana de otoño en la capital mexicana. No lo fue: decenas de miles de personas se vistieron de blanco y tomaron las calles para participar en la primera marcha nacional contra el matrimonio igualitario.
Muchos viajaron a la Ciudad de México desde los rincones más lejanos del país. Y marcharon portando letreros con los nombres de sus estados y, en un renglón aparte, el número de participantes que habían asistido a las manifestaciones locales, llevadas a cabo dos semanas antes en docenas de ciudades. Miles ondeaban banderas con el logotipo del nuevo grupo que había convocado a la marcha: se hacía llamar Frente Nacional por la Familia, y decía estar compuesto por “millones” de personas de todos los sectores de la sociedad. El grupo alegaba haberse formado como respuesta a la iniciativa que presentó en mayo el presidente Enrique Peña Nieto, y que buscaba establecer, mediante una enmienda constitucional, el matrimonio igualitario en los 31 estados de México.
“No somos uno, no somos cien, señor presidente, cuéntenos bien”, coreaban los manifestantes durante su marcha por el Paseo de la Reforma, la avenida emblemática de la capital, donde se yerguen grandes monumentos que conmemoran episodios cruciales de la historia del país.
Los medios nacionales estaban impactados, y los simpatizantes del matrimonio igualitario no lo podían creer. Nunca había existido un movimiento anti LGBT de alcance nacional, y el derecho al matrimonio igualitario se había extendido, en los años posteriores al 2009, de la Ciudad de México a más de 10 estados sin mayor oposición. La Suprema Corte de Justicia había fallado en repetidas ocasiones que la discriminación de parejas del mismo sexo en materia de matrimonio era inconstitucional. Por ello, muchos creían que las controversias principales estaban resueltas. Un gran número de los activistas a favor de los derechos LGBT también asumía que las principales batallas estaban más que ganadas: sólo faltaba que los 21 estados que no lo habían hecho aún aplicaran las medidas de la Corte y permitieran el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Algunos detalles de la manifestación –descrita en un inicio como un espontáneo movimiento de la sociedad civil– despertaban suspicacia. Los organizadores habían colocado seis pantallas gigantes a lo largo de la ruta de la marcha; en ellas, se transmitía en vivo la procesión. La narración corría a cuenta de un consultor que antes había trabajado para grandes empresas mineras y marcas de lujo como Versace. Los contenidos en línea del evento se gestionaron desde un centro de mando instalado en un hotel de lujo; los controló una empresa de publicidad que antes había trabajado para el Partido Acción Nacional (PAN), el principal partido de derecha de México, así como para universidades afiliadas con la orden católica del Opus Dei.
Entre los opositores al grupo, las dudas no tardaron en aparecer: ¿quién estaba pagando todo esto? ¿cómo logró el Frente organizarse tan rápido?
No se trató de una reacción simple y espontánea en contra de la iniciativa presidencial. El evento llevaba más de un año cocinándose. De acuerdo con más de una docena de entrevistas que Buzzfeed News llevó a cabo con activistas, asesores políticos y congresistas tanto a favor como en contra del matrimonio igualitario, el movimiento está coordinado por una red de grupos conservadores cuyo propósito último es modificar la Constitución mexicana para revertir los logros en materia de igualdad matrimonial.
Estos grupos ya habían construido la base de un movimiento nacional contra el matrimonio igualitario sin llamar la atención de los medios nacionales. Desde agosto 2015, habían trabajado en conjunto para recolectar firmas a favor de una “iniciativa ciudadana” para cambiar la Constitución y prohibir explícitamente en ella el matrimonio del mismo sexo. A principios de 2016 ya contaban con 200,000 firmas: más de las necesarias, técnicamente, para que el Congreso considerara formalmente su iniciativa. Esta propuesta fue una de las primeras en aprovechar una serie de reglas relativamente nuevas que permiten a los ciudadanos introducir legislación de forma directa al Congreso.
Pero el trabajo se hizo con tanto sigilo que, cuando la petición llegó al Senado en el mes de febrero, no hizo ruido ni en los medios ni en los pasillos del Congreso. Si estos grupos iban a construir una fuerza política, necesitaban una chispa que encendiera la máquina política y detonara un movimiento. La iniciativa presidencial a favor del matrimonio les cayó como anillo al dedo: era justo la oportunidad que anhelaban.
“Muchos de nosotros estamos agradecidos con el presidente”, declaró Rodrigo Iván Cortés, uno de los líderes del Frente Nacional por la Familia, y ex diputado federal del PAN. “El presidente logró lo que nosotros no logramos, que fue articular [un movimiento] que parecía que nunca iba a articularse.”
La iniciativa de Enrique Peña Nieto a favor del matrimonio igualitario tomó a casi todo México por sorpresa.
Olivia Rubio, jefe de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con larga trayectoria en el activismo LGBT, había sido invitada el 17 de mayo a la residencia oficial del presidente para lo que ella creyó sería un “consulta” sobre derechos y medidas LGBT, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. Según relató a Buzzfeed News, el acto la tomó por sorpresa. “[Tras llegar], nos dimos cuenta de que había un mundo de activistas [LGBT] ahí, y también había prensa ... era una mega reunión.”
Cayó en cuenta que Peña Nieto anunciaría algo importante cuando escuchó a un asesor presidencial susurrarle al otro: “¿Tú traes la iniciativa?”
Unos momentos después, el presidente anunció su iniciativa: una enmienda constitucional que prohibiría a los estados impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aunque la Suprema Corte ya había fallado que dichas leyes eran discriminatorias y anticonstitucionales, los tecnicismos del sistema legal mexicano obligaban a las parejas del mismo sexo que quisieran casarse a presentar un juicio de amparo en la mayoría de los estados. La propuesta presidencial buscaba otorgarle a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse en cualquier Registro Civil de México, tal y como pueden hacerlo las parejas hombre-mujer.
Muchos activistas LGBT estaban felices por el apoyo presidencial, pero varios de ellos reconocieron que ese respaldo generaría un serio problema. Contrario a los Estados Unidos, donde operan grupos como Human Rights Campaign (Campaña de Derechos Humanos), en México no existe una organización LGBT a nivel nacional lo suficientemente organizada para llevar a cabo los esfuerzos de cabildeo, medios y organización necesarios para asegurar la aprobación de la iniciativa. La mayor parte de los grupos de derechos LGBT trabaja a nivel local, y las escaramuzas entre ellos han obstaculizado la creación de un frente más amplio. Los esfuerzos anteriores a favor del matrimonio igualitario tampoco sirvieron para que las organizaciones maduraran políticamente. De hecho, la acción legal que abrió el camino al matrimonio de personas del mismo sexo en México fue promovida por un solo abogado.
Para llenar el vacío, los activistas LGBT recurrieron a WhatsApp. Ahí, Víctor Espíndola, un activista y consultor político que había formado parte del equipo de redes sociales del presidente, formó un grupo la misma tarde del anuncio. La discusión entre activistas fue más cordial que nunca y dio como fruto una organización bautizada Movimiento por la Igualdad en México, que lanzó su página de Facebook el 24 de mayo.
“[El equipo del presidente] pensó que sería un proceso fácil”, pero cometió un “error de cálculo y preparación”, comentó Víctor Espíndola en una entrevista reciente con BuzzFeed News. Los activistas LGBT estaban empezando desde cero y, de acuerdo con Espíndola, quienes apoyaban la iniciativa del presidente pronto descubrieron que sus rivales eran más poderosos.
“¿Podemos competir con el [Frente Nacional por la Familia]?”, se preguntó Espíndola. “No. Están bien organizados, y tienen el púlpito a su favor.”
Mientras Espíndola recababa los contactos para su grupo de activistas, los líderes del Frente Nacional por la Familia ya se alistaban para el primer ataque conjunto.
A las pocas horas del anuncio presidencial, los líderes del Frente ya hablaban por teléfono; el primer encuentro presencial fue a los pocos días. El comité organizador incluía a Juan Dabdoub, fundador de una pequeña organización llamada ConFamilia y autor de la iniciativa ciudadana contra el matrimonio igualitario presentada dos meses atrás en el Senado. También incluía a representantes de dos grupos involucrados en la recolección de firmas para dicha iniciativa: Consuelo Mendoza, de la Unión Nacional de Padres de Familia –un grupo que se opone a limitar la participación de la Iglesia en la política, y que pelea a favor de las alternativas a la educación pública laica–, así como Mario Romo, de RedFamilia, una organización paraguas cuyos afiliados locales incluyen programas para la rehabilitación de jóvenes adictos, casas hogares para mujeres embarazadas, y sociedades civiles que promueven la abstinencia.
La primera reunión presencial fue el 20 de mayo. El 24 de mayo el grupo llevó a cabo su primera conferencia de prensa, donde anunció la creación del Frente Nacional por la Familia. La organización presta atención a lo que sucede en otros países. De acuerdo con Juan Dabdoub, el Frente miró con interés a la reciente movilización colombiana contra un nuevo programa de educación sexual promovido por la ministra de educación, que es abiertamente lesbiana.
El Frente también recibió apoyo y capacitación de CitizenGo, una especie de versión conservadora de MoveOn.org, que comenzó en España y hace tres años se expandió a América Latina. La organización cuenta con un empleado en México, y con 500,000 miembros. (Otro miembro de CitizenGo es Brian Brown, que forma parte de los consejos directivos de las organizaciones estadounidenses National Organization for Marriage y World Congress of Families; Brian viajó a México para asistir a la marcha del 24 de septiembre).
Luis Losada, director para América Latina de CitizenGo, habló recientemente con Buzzfeed News. Según él, el Frente tiene mucho que aprender, y más le vale hacerlo rápido.
“Antes no tenían la capacidad que tienen ahora”, comentó Losada. “Hacían su mejor esfuerzo ... pero no eran muy eficientes.”
Sin embargo, el momento elegido para la iniciativa presidencial sirvió de pauta para los grupos. El 5 de junio, menos de tres semanas después del anuncio del presidente a favor del matrimonio igualitario, se llevarían a cabo elecciones en 12 estados y en la Ciudad de México. A raíz de los escándalos de corrupción, la violencia generalizada, y el bajo nivel de aprobación presidencial, el Partido Revolucionario Institucional enfrentaba serios problemas.
El Frente se encargó de enmarcar la elección como un referéndum sobre el matrimonio igualitario. A través de pequeñas manifestaciones organizadas en conjunto con CitizenGo y de campañas en redes sociales, exigió a los candidatos del PRI rechazar la iniciativa presidencial. De lo contrario, se prometía un “voto de castigo”.
“Necesitábamos un instrumento para que tomaran [este tema] en cuenta”, declaró Rodrigo Iván Cortés, uno de los líderes del Frente. “Con base en esto, le pedimos a la gente que no votara por el PRI en los estados… [y] la gente respondió.”
Las elecciones del 5 de junio fueron desastrosas para el PRI, que perdió gubernaturas en siete estados, incluyendo cuatro donde nunca había perdido una elección. Las encuestas nacionales, sin embargo, no dan cuenta de una creciente marea de oposición al matrimonio igualitario: algunas sugieren que el público está dividido, y otras apuntan a que los mexicanos están en su mayoría a favor del matrimonio igualitario. Pero el Frente proclamó su victoria y, con ayuda de algunas declaraciones, pudo presentar la votación como un rechazo al matrimonio del mismo sexo.
En su publicación oficial Desde la Fe, la Arquidiócesis de México anunció que los resultados eran “un merecido voto de castigo” para una propuesta “destructiva e inmoral”. Por su parte, el ex candidato a la presidencia Francisco Labastiba dijo que la iniciativa de matrimonio igualitario fue un factor “decisivo y fundamental” en la derrota electoral, y recriminó al presidente no haber consultado con los líderes de su partido antes de presentarla.
Hacia septiembre, mes en que el Congreso reanuda sesiones legislativas, los líderes del PRI ya habían dado por muerta la propuesta.
El líder del PRI en el Senado anunció que la iniciativa se enviaría “a la congeladora”; es decir, que probablemente nunca sería sometida a votación. Declaró que esto se debía a que los miembros de su partido estaban divididos en la materia. También quedaba claro que los miembros del PRI buscaban distanciarse del presidente, cuyo nivel de aprobación se había hundido a 23 por ciento tras la polémica e impopular visita de Donald Trump a México. Las elecciones del 2018 se aproximan y, salvo que el PRI convenza que el siguiente sexenio será distinto al actual, la reelección del partido pinta difícil.
En meses recientes, algunos legisladores de los partidos de izquierda han introducido sus propias versiones de la propuesta de matrimonio igualitario, esto a la espera de que sean incluidas en el calendario legislativo. Sin embargo, personas cercanas a los legisladores confiesan que es poco probable que el Congreso las discuta este año.
Con la propuesta presidencial congelada, el momento ideal para que el Frente Nacional por la Familia pusiera sus cartas sobre la mesa había llegado. El Congreso jamás había puesto a discusión la iniciativa ciudadana para modificar la Constitución; había que movilizarse para ponerla en la agenda de los legisladores.
“La sociedad despertó, y el pueblo se sintió capaz de lograr algo”, declaró Juan Dabdoub, autor de la iniciativa ciudadana que seguía atorada en el Senado. “Ahora estamos listos para dar la cara”, remató.
Para el Frente Nacional por la Familia, la marcha del 24 de septiembre en la Ciudad de México sirvió como una suerte de fiesta de presentación en sociedad.
Los manifestantes se aproximaban ya al Ángel de la Independencia cuando el grupo lanzó un comunicado de prensa declarando que el Frente se convertiría en un movimiento “permanente”. A través de un “manifiesto” publicado al día siguiente en varios diarios de circulación nacional, el grupo también dio a conocer sus demandas. Estas incluían un llamado a los legisladores a “proteger … la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer” en la Constitución mediante la aprobación de la iniciativa ciudadana de Dabdoub.
El manifiesto constituía una declaración de guerra por parte de una organización que se veía a sí misma como una amenaza política en forma. El trabajo del grupo era cada vez más profesional, y todo hacía pensar que contaba con financiamiento generoso.
Los materiales de prensa identificaban, entre los principales contactos de prensa, a Pablo Mier y Terán, presidente de la agencia de relaciones públicas Mier y Terán Asociados; la empresa tiene en su lista de clientes a la paraestatal petrolera Pemex y al Partido Acción Nacional. Otro contacto de prensa es Rubén Rebolledo, director de comunicación de una organización que forma parte del Frente; su perfil de LinkedIn indica que también es director de relaciones con medios en Mier y Terán, y que tiene experiencia trabajando como publirrelacionista para empresas mineras y marcas de lujo.
Ni Mier y Terán ni Rebolledo comentaron acerca del presupuesto del Frente, pero hay pistas que sugieren que se trata de un movimiento bien financiado. Una de ellas es que, para instalar su sala de operaciones, la empresa de medios contrató tres salones con servicio de buffet en el hotel Sheraton, uno de los más prestigiados del distrito de negocios de Reforma.
Dada su gran velocidad de articulación, muchos alegan que detrás del Frente hay fuerzas ocultas. Medios tanto de España y México han especulado que el Frente es controlado por El Yunque, una tenebrosa red católica con tendencias fascistas; se rumora que varios políticos mexicanos de primera fila forman parte del Yunque. Sin embargo, no se han reportado evidencias concretas de un vínculo entre dicha organización y los líderes del Frente.
Pero sí existen vínculos claros entre el Frente y otras facciones religiosas y conservadoras. Se declaró, por ejemplo, que la marcha del 24 de septiembre era un esfuerzo conjunto entre el Frente y una organización llamada la Unión Nacional Cristiana por la Familia (en México, el adjetivo “cristiano” suele referirse a grupos evangélicos). La organización cuenta con una página de Facebook, pero la liga a la página oficial que ahí aparece no funciona. El dominio del sitio pertenece a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En su sitio web oficial, la agencia Mier y Terán también enlista, entre sus clientes, a diversas instituciones educativas afiliadas con el Opus Dei, una orden católica conocida por promover la doctrina eclesiástica en las políticas públicas.
Diversos obispos católicos han sido inusualmente abiertos en su apoyo a las marchas; en respuesta, los activistas LGBT han presentado denuncias contra varias arquidiócesis alegando que los obispos están violando las estrictas leyes mexicanas que limitan la participación de la Iglesia en la vida política. (Como represalia a esta participación eclesiástica, un grupo LGBT recientemente difundió los nombres de sacerdotes que presuntamente habían mantenido relaciones con personas del mismo sexo; la acción recibió una condena casi general por parte de otros activistas.)
“Lo vamos a lamentar”, dijo a Buzzfeed News el obispo de Saltillo, José Raúl Vera López, conocido por sus posturas de izquierda. “El trasfondo de estas marchas viene de una facción sumamente cerrada … con tendencias fascistas y hasta nazis. Es muy delicado lo que estamos haciendo.”
Las fuerzas que se oponen al matrimonio igualitario no están del todo unidas. Algunos líderes del Frente relataron a Buzzfeed News que ciertos grupos evangélicos que se oponen al matrimonio igualitario han redactado sus propias propuestas. A principios de septiembre, una iniciativa ciudadana que buscaba prohibir el matrimonio del mismo sexo se presentó ante la Cámara de Diputados, junto con 400,000 firmas. El esfuerzo había sido coordinado por Encuentro Social, un pequeño partido político que muchos consideran tiene sus bases de apoyo entre cristianos evangélicos. (Miembros del Partido Encuentro Social no respondieron a las solicitudes de entrevista de Buzzfeed News.)
Sin embargo, a pesar de que los opositores al matrimonio igualitario son más visibles que nunca, los activistas a favor de los derechos LGBT tienen la certeza de que, a la larga, sus esfuerzos servirán de poco.
Para empezar, necesitarían los votos de dos terceras partes de ambas cámaras en el Congreso para modificar la Constitución y prohibir el matrimonio igualitario, y hasta ahora ninguna de las principales fuerzas políticas ha mostrado interés en abanderar la causa. Y aunque las reglas que rigen las iniciativas ciudadanas obligan al Congreso a darles consideración formal, tanto legisladores como asesores de congresistas que apoyan el matrimonio igualitario creen que esas propuestas probablemente sean sepultadas por las comisiones especializadas.
No hay señal de que la oposición al matrimonio igualitario en México genere el nivel de crispación que durante más de 20 años marcó la política en Estados Unidos. Contrario a ese país, donde existe una larga tradición de activismo político de grupos religiosos y conservadores, la política mexicana ha rechazado históricamente la participación política de las agrupaciones religiosas: no fue hasta los años noventa que se le otorgó al clero derecho a votar.
Tampoco existe un partido político que se beneficie del tema como se beneficiaron los Republicanos en Estados Unidos. La lógica dicta que el abanderado de esta causa probablemente provendría del Partido Acción Nacional. El último presidente panista, Felipe Calderón, recurrió incluso a la Suprema Corte para bloquear la primera ley local a favor del matrimonio igualitario, promulgada en la Ciudad de México en 2009. Hoy, sin embargo, la tercera parte de los estados mexicanos permiten el matrimonio igualitario, y la política en torno al tema ha cambiado mucho. Una de las contendientes más fuertes para la candidatura del PAN en 2018 es la esposa de Calderón, Margarita Zavala; el día en que Peña Nieto presentó su enmienda a favor del matrimonio igualitario, ella publicó un tweet que rezaba: “Por un México más incluyente, sin prejuicios y #SinHomofobia.”
El movimiento en Estados Unidos surgió antes de que la Suprema Corte decidiera si el matrimonio constituía un derecho para parejas del mismo sexo; la Suprema Corte de México, en cambio, dejó ya en claro que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse. El 28 de septiembre, cuatro días después de la marcha, la Suprema Corte presentó tres fallos adicionales que parecían dedicados al Frente. En estas decisiones, que beneficiaban a parejas en tres estados, se reiteraba “la inconstitucionalidad de las … [leyes estatales] que circunscriben las instituciones del matrimonio y el concubinato a la unión de un hombre y una mujer”. Un día antes de la marcha, la sala de la Corte votó nueve a uno en un caso de adopción, argumentando que los estados no pueden discriminar a las parejas gays, ni siquiera de manera indirecta.
Pero Juan Dabdoub del grupo ConFamilia asegura que la lucha por anular las decisiones de la Suprema Corte mediante un cambio a la Constitución apenas empieza. “Aquí se nota que somos la inmensa mayoría del país”, aseguró Dabdoub durante la marcha nacional en la Ciudad de México. “Si [los políticos] votan en contra de la iniciativa ciudadana … nosotros vamos a votar en contra de ellos.”