CIUDAD DE MÉXICO— Casi todos los gobiernos latinoamericanos han adquirido o mostrado interés en obtener software de vigilancia agresiva, sacando ventaja de la incapacidad de hacer cumplir regulaciones laxas y potencialmente violentando los derechos humanos, según un nuevo reporte de Derechos Digitales, una ONG basada en Santiago.
Las autoridades en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá han adquirido software con licencia de Hacking Team, una compañía italiana que vende algunos de los software más invasivos del mundo. Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela han hecho negociaciones con la compañía pero para el mes de julio, al parecer no han adquirido ninguno de sus productos, reveló la semana pasada. El reporte está basado en una brecha en los correos internos de Hacking Team que volvió públicos más de un millón de correos internos detallando cómo la compañía usa malware y vulnerabilidades en el software para crear spyware capaz de acceder casi cualquier computador y teléfono inteligente.
Como ya fue revelado por BuzzFeed News , en muchos casos las compras fueron realizadas a través de intermediarios como la compañía israelí de software NICE Systems, debido a que Hacking Team está sujeta a algunas restricciones en la exportación de su software.
Una de las principales preocupaciones para Derechos Digitales es que el software de espionaje está siendo usado en una región marcada por las divisiones políticas, en la que algunos gobiernos son conocidos por sus prácticas represivas y autoritarias, y en los que el poder efectivo de la ley es débil.
“A pesar de que existe un marco legal sólido que protege a los derechos humanos y regula la interceptación de las comunicaciones, en la práctica las actividades de espionaje en estos países son desproporcionadas y en su mayoría dirigidas a miembros de la oposición, activistas o disidentes”, lee el reporte, refiriéndose a las prácticas de vigilancia en Colombia, Ecuador y México.
En Colombia, la periodista Vicky Davila reportó al Vicefiscal General que sus comunicaciones privadas y las de su familia fueron interceptadas, posiblemente debido a que poseía acceso a información acerca de una red de prostitución dentro de las fuerzas policiales. Durante la conferencia RightsCon en San Francisco la semana pasada, miembros de Derechos Digitales comunicaron a BuzzFeed News que periodistas y ONGs eran los blancos más comunes de vigilancia por parte del gobierno. Simples correos de phishing, en los cuales a una persona se le engaña para que haga click y descargue malware que pretende ser un documento o adjunto suelen ser los ataques más usados. En un caso, dijo el grupo durante su presentación, se le envió a periodistas en México correos electrónicos que parecían provenir de la oficina del presidente, pero que en realidad contenían malware al abrirse un archivo adjunto.
Ocho de diez entidades gubernamentales mexicanas que han adquirido el software no están autorizadas para interceptar comunicaciones; una de ellas, el gobierno del estado de Puebla, espió miembros de la oposición y periodistas, según revela el reporte.
Y en Ecuador, jueces y autoridades electorales en oposición al gobierno de Rafael Correa fueron espiados con el "Sistema de control remoto" de Hacking Team, el cual la compañía presume permite a los gobiernos monitorizar las conversaciones en línea a través de diversas plataformas, incluyendo aquellas que usan sistemas encriptados, así como activar de manera remota micrófonos y cámaras.
Tan sólo el gobierno actual de Panamá ha iniciado algún tipo de investigación contra Hacking Team o Robotec, una agencia intermediaria que vendió el software de Hacking Team’ en América Latina, según el reporte. En el 2011, la oficina de seguridad del ex-presidente de Panamá, Ricardo Martinelli adquirió “Galileo”, un sistema de monitorización de conversaciones creado para combatir el crimen. Poco antes de que el presidente actual tomara el cargo, en julio de 2014, el software espía — que interceptó comunicaciones durante las elecciones — desapareció. Las autoridades anti-corrupción iniciaron una investigación respecto a la desaparición del equipo de espionaje.
No existen regulaciones específicas para Galileo y otros sistemas de monitorización de comunicaciones en los países latinoamericanos que negociaron con Hacking Team. Sin embargo, en estos países se requiere una orden judicial antes de interceptar comunicaciones privadas. Si se obtiene evidencia violando este requisito, entonces no podrá ser usada en la corte.
También está el tema de durante cuánto tiempo se conserva la información: en Guatemala y Paraguay todo lo que no está relacionado al objeto de la investigación debe ser destruido, aunque pocos países se rigen por estos estándares.
“En América Latina, la vigilancia y las actividades de espionaje del gobierno son dignas de sospecha, especialmente si consideramos la historia de autoritarismo y represión en la región”, concluye el reporte. “Los programas de espionajes invasivos como Hacking Team se prestan para abusos y violaciones de los derechos humanos”.