Ciudad de México - El año pasado, miles de moscas se arremolinaban sobre las colinas que rodean Iguala, una pequeña ciudad al suroeste de México, mientras investigadores y civiles removieron la tierra en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
Encontraron 30 cuerpos en un lado, 16 en otro, pero ninguno pertenecía a los estudiantes. Los cuerpos estaban repartidos en más de media docena de fosas comunes, que envolvían con un hedor particular a quienes las descubrieron.
A la luz de estos descubrimientos espeluznantes, la gente de todo el país comenzó a preguntarse: ¿Qué otras tumbas clandestinas fueron descubiertas, y cuántas más aún no se encontraron en todo México?
El gobierno mexicano no tiene respuestas: le falta un sistema de recuento preciso y exhaustivo. BuzzFeed News hizo peticiones de registros públicos a los 32 estados y al gobierno federal, en el que se requería listas de las fosas comunes descubiertas desde diciembre de 2006, cuando el presidente anterior, Felipe Calderón, asumió a la presidencia y lanzó su guerra contra el crimen organizado. En los registros, se pedía incluir la cantidad de cuerpos de cada fosa común, cuántos fueron identificados, su sexo, y su estado de descomposición.
Los números del gobierno federal no concuerdan con la información que entregó cada estado, cuyas cifras también resultaron inconsistentes. Algunos estados se rehusaron a compartir la información, alegando que publicarla sería más dañino, mientras que otros directamente no respondieron al pedido. Varios dijeron que en sus estados no se descubrieron fosas comunes, en contradicción con otros reportes locales.
De acuerdo con la oficina del procurador general, desde enero de 2008 se descubrieron 147 tumbas clandestinas que contenían un total de 564 cuerpos o restos humanos. Desde 2007, la policía federal lleva registradas 55 fosas comunes con 736 restos. En los 27 estados que respondieron (a pesar de que varios dijeran que era información clasificada) se desenterraron 228 tumbas clandestinas, que contenían 972 restos humanos, una cantidad mayor a la registrada oficialmente.
Mientras tanto, el pueblo mexicano vive aterrorizado, con una constante sensación de ver a su país convertido en un cementerio gigantesco.
“Nuestros hijos son hoy los hijos de un México que, por la violencia incubada en un estado delincuencial, se ha convertido en una enorme fosa común”, dijeron el mes pasado los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, durante una conferencia de prensa convocada por el grupo de derechos humanos Tlachinollan, en Guerrero.
El embrollo informativo que obtuvimos revela que, a nueve años del comienzo de la guerra contra el narcotráfico en México, todavía falta una base de datos exhaustiva, organizada y actualizada sobre las fosas comunes. Dichas fosas existían desde antes. A principio de los 2000, el descubrimiento de fosas comunes con restos de mujeres en Ciudad Juárez, frente a El Paso, llamó la atención de la comunidad internacional. Pero desde que el ex presidente Calderón le declaró la guerra a los carteles y aumentó la violencia entre narcos, también se descubrieron más de estos sitios.
Y aún así, según los analistas, las autoridades no parecen interesarse ni ser capaces de investigar y documentar estas fosas.
“Para el gobierno, estos casos son de poca importancia, a menos que el escándalo los involucre o se organice una protesta a nivel internacional”, dijo Pedro Isnardo de la Cruz, experto en seguridad nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuando la policía local encuentra una fosa común, se reporta el hallazgo a la oficina del procurador estatal, que a veces eleva la información a la procuraduría general. La diputada por la defensa de los derechos Eliana García dijo a BuzzFeed News que, a pesar de esto, no existe una oficina que siga los casos de las fosas comunes de forma exclusiva. “La unidad de personas perdidas se creó con la intención de buscar personas vivas”, agregó, refiriéndose al Registro Nacional de Personas Extraviadas, creado en 2011. García dijo que las discrepancias en los datos derivan del hecho de que México opera bajo un sistema federal, en el que cada estado tiene un poder considerable sobre los temas que desea mantener dentro de sus límites.
En otras palabras, los estados no están obligados a informar al gobierno federal cuando descubren fosas comunes, ni deben proveer los resultados de cualquier eventual investigación subsiguiente. A menudo, cuando un estado convoca al gobierno federal, lo hace por presión de los civiles.
“Nuestros hijos son hoy los hijos de un México que, por la violencia incubada en un estado delincuencial, se ha convertido en una enorme fosa común”.
García remarcó que recientemente se completó el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un encuentro anual de procuradores del estado. Entre otras cosas, este nuevo documento da instrucciones detalladas sobre cómo registrar los restos de las fosas comunes, pero no menciona una base de datos específica para estos descubrimientos.
El problema de no tener un registro detallado y fidedigno de las tumbas clandestinas, es que mantiene los índices de homicidio del país por debajo de la realidad, algo que, según analistas en seguridad, afecta la planificación policial. También creen que la cantidad de personas desaparecidas según el gobierno federal (más de 23.000 al día de hoy) es mayor a la registrada, ya que muchos familiares de personas desaparecidas temen hacer la denuncia y convertirse ellos mismos en blancos.
Pero las políticas públicas no son las únicas que sufren. Hay familias que se arriesgaron a investigar por sus propios medios, a veces a costa de un gran riesgo personal, por que estaban decepcionadas de la falta de pericia y desidia de las autoridades. Según reportes locales, la activista Norma Angélica Bruno acompañó a miembros del comité de Familiares de los Otros Desaparecidos, un grupo que busca a parientes de desaparecidos (además de los 43 estudiantes) a buscar a sus seres queridos en Guerrero, antes de ser asesinada el mes pasado.
Las autoridades de Guerrero, por ejemplo, no tienen contabilizadas las fosas comunes que se descubrieron desde 2006.
“La respuesta a su solicitud implicaría la revisión de documentos o expedientes en un número tal que generaría una disrupción sustancial e irrazonable en las actividades del área generadora de la información”, respondió la oficina del procurador de Guerrero. Aconsejaron limitar el pedido a un período de tres años.
Cuando BuzzFeed News repitió el pedido bajo estos términos, la oficina del procurador general respondió con 21 tumbas.
De acuerdo con a la policía federal, en 2014 se descubrieron ocho fosas comunes, una de ellas con 100 restos humanos. Esa tumba se descubrió meses antes de que desaparecieran los 43 estudiantes, y no tuvo cobertura en los medios locales.
Otros estados directamente retuvieron la información. Coahuila y Durango, al norte de México, que en 2011 estaban al tope de la lista de los 10 estados con los mayores índices de homicidio, respondieron, respectivamente, que publicar esa información era más dañino que cualquier interés generado por ella, y que la información era “reservada”.
Las leyes de libertad de información difieren entre estado y estado y establecen diversos plazos de respuesta, aunque todos obligan a las autoridades a contestar en alrededor de un mes. En muchos casos, sin embargo, los estados actuaron como si esta ley solo fuera una sugerencia.
Cruzando la frontera por el sureste de Texas, está el estado de Tamaulipas, donde en 2010 se encontró una tumba con 72 cuerpos, y al año siguiente otra, con 200 restos, aproximadamente. El estado se negó a compartir cualquier información dentro del plazo establecido por la ley, a pesar de las docenas de llamadas durante las que los empleados de la unidad de transparencia se rehusaron a dar sus nombres y dijeron que esperaban una aprobación interna para revelar cualquier dato. Finalmente, reportaron que de 2011 en adelante se descubrieron 31 tumbas y 219 cuerpos o restos.
Los estados de Colima y Nayarit, sobre el Pacífico, no respondieron a los pedidos de BuzzFeed News.
Sin embargo, aún los estados que sí respondieron tuvieron niveles muy diferentes de transparencia. Oaxaca, Puebla y Sinaloa, por ejemplo, dieron las direcciones en las que encontraron cada fosa común, así como el sexo y la edad de los cuerpos dentro de ellas. Chihuahua, por otra parte, solo reveló la región del estado en la que se descubrieron las fosas, y el número de restos en cada una de ellas.
También hubo estados que afirmaron no tener registros de tumbas clandestinas en sus archivos, contradiciendo a medios locales y al gobierno federal.
El rancho El Diamante, ubicado sobre una colina en el estado de Veracruz, en el golfo de México, es un lugar anodino, con excepción de una simple casa rosa de un solo piso. De acuerdo con varios cables de noticias, incluyendo un reporte detallado de e-consulta, un diario online, la propiedad fue investigada en junio por expertos forenses y se descubrieron 31 cuerpos (algunos de ellos descuartizados) en una fosa común. A pesar de esto, la procuraduría de Veracruz afirmó no tener tumbas clandestinas registradas. La policía federal, en cambio, registró al menos dos casos, uno con 12 restos humanos en 2012 y otro con 31 cuerpos, el año pasado.
En Baja California, Campeche y Tlaxcala también afirmaron no tener registros de fosas comunes, pero las organizaciones de medios locales no dicen lo mismo.
Es incierta la cantidad de cuerpos recuperados en fosas comunes e identificados en todo el país. De los 120 cuerpos encontrados en Tamaulipas, solo 26 fueron identificados (25 inmigrantes de Guatemala y uno de El Salvador, de acuerdo con la procuraduría). Hubo cuatro estados que dieron información sobre las identificaciones: en Oaxaca, 28 de los 35 cuerpos encontrados en fosas comunes fueron identificados; en Sinaloa, 26 de 55 cuerpos; en Sonora, 35 de 41 cuerpos; y en Zacatecas, 12 de una cantidad de cuerpos no revelada.
Luego de años de espectáculos de la muerte por parte de los carteles, como tirar cadáveres torturados en las autopistas, colgar cuerpos semi desnudos de puentes, o hacer rodar cabezas por pistas de baile, ¿Por qué enterrar víctimas en tumbas sin marcar?
“La estrategia es: Si ya controlas cierto territorio, no llames la atención, haz desaparecer los cuerpos”, dijo De la Cruz, el experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y agregó que, al esconder la evidencia, los grupos criminales retrasan a la justicia, lo que los ayuda a establecer su propia autoridad y les permite distorsionar la realidad de un modo que los beneficia.
“Las fosas hablan” dijo Alejandro Hope, analista en seguridad y ex oficial de inteligencia. “Nos cuentan algo sobre sus motivaciones. En algunos casos, quieren hacer un desplante público de su brutalidad, en otros no”, agregó.
Sea lo que fuera que quieran decir las fosas comunes, el mensaje para sus familias es del calibre más macabro.
A diferencia de las ejecuciones y las torturas, “las tumbas clandestinas son más siniestras. No sabemos cómo murieron, ni con qué nivel de brutalidad”, dijo De la Cruz.
De vuelta en Guerrero, estas familias incompletas siguen revolviendo la tierra, buscando una parte de sus seres queridos y algo que en México se ha convertido en un lujo: la oportunidad de hacer duelo y de hacer un cierre.
Esta nota fue traducida del inglés por Javier Güelfi.