DURANGO, México — Fuera del juzgado de Durango, un estado en el norte de México, un grupo de trabajadores taladraban la escalera y las paredes, lo que llenaba de polvo los pasillos modernos y relucientes del Centro de Justicia Penal Federal. El sonido de los golpes y los pisoteos de la construcción (y, en un momento, el sonido de la música) se oía en una de las salas y no permitía escuchar las palabras del juez.
Mientras todos los presentes se esforzaban por escuchar, el juez, sentado frente a un hombre acusado de portar un arma no autorizada, se acercó al micrófono y dijo que la sanción de 200 dólares que había pedido el procurador era excesiva y que el acusado tendría que presentarse en el Centro de Justicia Penal cada 15 días hasta que concluyera la investigación.
Hace solo unos años, esta escena hubiera sido inimaginable en México, donde los juicios siempre se realizaron no solo por escrito, sino también con suma confidencialidad, y en donde las víctimas, los acusados y los abogados rara vez tenían acceso directo al juez.
En 2008, se aprobó una reforma del sistema judicial que deberá estar implementada por completo para junio de 2016. Esta reforma tiene el objetivo de lograr mayor transparencia en las investigaciones judiciales y hacer que el proceso judicial sea público y rápido. Los juicios orales, como el del juzgado de Durango (que aún se encuentra en construcción) son la columna vertebral del nuevo sistema.
La reforma, aprobada durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, elimina el sistema inquisitivo parcial, en el que un juez investiga los hechos y también dicta sentencia, y adopta un sistema adversarial, en el que las dos partes de un juicio deben reunir pruebas y presentar su defensa ante un juez neutral.
La reforma también instituye un sistema de justicia alternativa, que ofrece a acusadores y acusados la oportunidad de recurrir a la mediación y negociar una solución antes de presentar su caso en sede judicial. En teoría, esto reducirá la población carcelaria y asegurará que los jueces puedan centrarse en los casos más controvertidos.
Pero a solo 15 meses de la fecha límite, la implementación está todavía incompleta. En este momento, son solo cuatro los estados que operan por completo con el nuevo sistema. Veinticinco estados pudieron implementar los cambios en forma parcial, mientras que otros estados no adoptaron ninguna modificación. Todavía hay palacios de justicia en construcción, y miles de personas que son parte del proceso judicial (policías, investigadores, abogados, procuradores y jueces) aún no recibieron una capacitación formal.
“En el sector judicial, hay mucha ansiedad por los numerosos cambios que se deben hacer en tan poco tiempo”, dijo David Shirk, director del Proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego.
Es necesario implementar la reforma judicial en forma correcta para respaldar los cambios tan publicitados que el presidente Enrique Peña Nieto aprobó, incluso aquellos vinculados con los sectores de energía, telecomunicaciones y educación. Estas reformas fueron sus logros definitorios, hasta la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, que obligó a Peña Nieto a dejar de lado las cuestiones económicas y sus golpes legislativos para abordar graves problemas de seguridad.
“Es el eje sobre el que girarán las demás reformas”, dijo María Novoa, directora del Colectivo Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) de México en referencia a la reforma judicial.
El gobierno mexicano recibió apoyo externo para la reforma judicial, incluso de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development, USAID), que invirtió alrededor de 75 millones de dólares. El dinero provino de la Iniciativa Mérida, un programa de 2.300 millones de dólares creado para combatir las drogas en México, y se destinó a la capacitación de operadores judiciales estatales, el desarrollo del plan de estudios para facultades de derecho, el apoyo a asociaciones profesionales de abogados y la divulgación de información sobre el nuevo sistema, dijo Nick Stokes, asesor senior sobre estado de derecho de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID.
El Congreso mexicano destinó el doble de esa cifra a los 31 estados del país y el distrito federal para respaldar las iniciativas.
En Durango, el sistema parece funcionar bien. Durante una audiencia que se realizó hace poco en el edificio donde se realizan juicios orales, Carlos Muñoz escuchó con atención mientras el procurador, que estaba sentado del otro lado del pasillo, leía al juez una lista de peticiones, que incluía un recurso de amparo y una indemnización de 520 dólares para su cliente (que había acusado a Muñoz de agresión física y verbal cinco días antes).
“La defensa no se opone”, dijo el abogado de Muñoz al juez. “Solo pedimos tres días para que mi cliente pueda reunir el dinero”.
De todos modos, la cultura de confidencialidad sigue siendo un obstáculo. El personal de seguridad de Durango le negó a BuzzFeed News el ingreso a una audiencia federal durante casi 20 minutos mientras pedía permiso a autoridades de alto nivel del edificio (lo que es contrario a uno de los principios básicos del sistema nuevo).
Pero otros estados están aún más atrasados.
Por ejemplo, en el estado de Sonora, que limita con el estado de Arizona en Estados Unidos, el Congreso estatal todavía no declaró la fecha en que comenzará a funcionar el nuevo sistema. Una fuente de la comisión a cargo de implementar la reforma en ese estado, que pidió que no se revelara su identidad porque no se le permitía dar detalles a los medios, le dijo a BuzzFeed News que no especificar una fecha es solo un “ejercicio de precaución y responsabilidad” y agregó que los procuradores y los jueces están recibiendo capacitación, y que se está construyendo infraestructura básica para dar lugar a los cambios próximos.
“Si una persona es corrupta en un sistema anticuado, también lo será en un sistema nuevo”.
En la Ciudad de México, hubo algunas audiencias públicas, pero el primer juicio oral se espera recién para junio.
Proyecto Justicia, un sitio web creado por el CIDAC que hace un seguimiento del nivel de preparación de los estados para implementar el nuevo sistema con éxito, revela que el estado con mejor desempeño, Chihuahua, hace poco obtuvo 672 puntos sobre 1.000. El estado con menor puntuación, Baja California Sur, obtuvo 197,5 puntos. Se juzga a los estados, entre otros aspectos, según la cantidad de recursos financieros asignados y si establecieron y cumplieron con un cronograma para la transición.
Solo dos estados (Durango y Puebla, en el centro de México) funcionan con el nuevo sistema en el ámbito federal, que es donde se juzgan delitos como tráfico de personas, secuestro y crimen organizado.
Pero los expertos en cuestiones jurídicas están de acuerdo en que el mayor problema será luchar contra la corrupción dentro del sistema judicial. En 2011, Esiquio Martínez Hernández, que trabajaba como secretario de un juzgado de distrito en la Ciudad de México, fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito cuando las autoridades comprobaron que hizo una transacción por más de 32 millones de dólares. Al año siguiente, el magistrado Jesús Luna Altamirano fue suspendido por ordenar transacciones bancarias que se creía que estaban vinculadas con la delincuencia organizada.
En 2012, diez jueces y magistrados fueron suspendidos o despedidos por actos de corrupción, según CNN México. Entre 2012 y 2014, se hallaron irregularidades en el patrimonio de 70 empleados del Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo con el informe anual de 2014 de la Suprema Corte.
“Si una persona es corrupta en un sistema anticuado, también lo será en un sistema nuevo”, dijo Carlos Daza, profesor de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dijo que, para que la reforma tenga éxito, los investigadores, procuradores y jueces deberán seleccionarse con más cuidado, deberán recibir salarios más altos, y se deberán evaluar su estado psicológico y su situación financiera con mayor frecuencia y más detenimiento.
Apolonio Betancourt Ruíz, el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Durango, estuvo de acuerdo. “Se trata de cambiar de forma. Es una cultura”, dijo. Betancourt agregó que el estado, que comenzó a usar el nuevo sistema en 2009, deberá enfrentarse a otros desafíos, entre los cuales se pueden mencionar la tecnología obsoleta de los juzgados y la infraestructura sin terminar.
Si bien la mayoría de los abogados que consultó BuzzFeed News dijeron que el nuevo sistema era un paso en la dirección correcta, también expresaron inquietudes sobre el hecho de que podría generar abusos. Muchos mencionaron un caso emblemático, que describieron como un ejemplo práctico de los puntos débiles del nuevo sistema.
Poco después de la implementación del sistema nuevo en 2008, un caso particular llamó la atención de todo el país. Sergio Rafael Barraza Bocanegra había confesado, ante cuatro agentes de policía diferentes, el asesinato de su novia menor de edad, Rubi Marisol Frayre. Cuando se negó a declarar durante el juicio, las confesiones anteriores se consideraron improcedentes. Los tres jueces del caso declararon inocente a Barraza: dijeron que el médico forense no había podido determinar cómo había muerto Frayre y que los investigadores no habían encontrado rastros de sangre en la casa de Barraza.
“Esto se reduce a una sola fuente, que es el dicho del mismo Sergio Rafael Barraza Bocanegra”, dijo uno de los jueces. También dijo que, sin embargo, estas manifestaciones son insuficientes porque la madre de Frayre, en su declaración, dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y de alardear.
El caso demostró que los procuradores no se habían adaptado aún al nuevo sistema y no podían refutar los argumentos en forma convincente, y que los jueces eran incapaces de ir más allá del requisito tradicional de pruebas directas, dijo Pablo Héctor González, magistrado del Supremo Tribunal del estado de Chihuahua. Pero la publicidad que recibió el caso sí fue novedosa. Se transmitieron partes del juicio por la televisión nacional, de manera que los errores judiciales se hicieron públicos.
“Hubo miles de casos como el de Rubi, pero nadie estaba al tanto”, dijo González.
Mientras los estados luchan para que las fuerzas policiales, los procuradores y los jueces cumplan con el plazo que vence en 2016, las capacitaciones continúan, y se siguen colocando cámaras de video en los juzgados recién construidos de todo el país. Aunque la ley no establece una sanción para los estados que no cumplan con la fecha límite, los expertos explican que las personas procesadas con el sistema anterior después del 18 de junio podrán apelar la decisión. También dicen que es probable que, para ese entonces, el país haya adoptado el sistema nuevo, al menos, en lo formal (ya que el costo político de no hacerlo es demasiado alto).
Dicen que el verdadero desafío vendrá después.
“No se trata de pensar si se cumplirá con el plazo”, dijo Novoa, del CIDAC. “El problema es cómo generar una base mínima para seguir operando después de junio de 2016”.
Karla Zabludovsky es la Jefa de la Oficina de México y corresponsal para Latinoamérica de BuzzFeed News y está radicada en la Ciudad de México.
Para comunicarte con Karla Zabludovsky, puedes escribir a Karla.Zabludovsky@buzzfeed.com.
Este post fue traducido del inglés por Florencia Kievsky.