Así es como Colombia fracasó al intentar hacer un acuerdo de paz con las FARC

La votación causa un choque en el país, en donde se esperaba que la aprobación ganaría por un amplio margen. Más de 220,000 personas murieron y cerca de 7 millones fueron desplazadas de sus hogares mientras el conflicto se prolongaba y negociación tras negociación fracasaba. El acuerdo de este año significaba finalmente romper el ciclo.

El movimiento, fundado por cerca de 50 agricultores hartos de la concentración de poder entre la élite de Colombia y el despojo sistemático de la tierra en todo el país, fue dirigido por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas.

Ellos se unen a una ola de guerrillas de izquierda que empieza a moverse sobre América Latina durante la década de 1960 y hasta la década de 1980. El objetivo: una distribución más equitativa de la riqueza y del poder de Colombia para todas las personas en Colombia.

No entra al campo sin competencia: Se enfrenta a los dos capos del narco que trafican millones de dólares en cocaína fuera de Colombia y grupos paramilitares de derecha fundados para enfrentar a los rebeldes de izquierda. A la larga estos también se convirtieron en grupos criminales cuyas agendas incluían asesinato de personas de alto perfil y extorsiones. Su permanente rivalidad con las FARC añade otra dimensión sangrienta a las luchas de Colombia.

Después de dos décadas de lucha, las FARC muestra señales de querer incorporarse. Se unen a los grupos de izquierda más moderados para respaldar un nuevo partido político, la Unión Patriótica, logra ganar varios escaños en el Congreso de Colombia. Sin embargo las conversaciones finalmente colapsan bajo el peso de la desconfianza mutua y la Unión Patriótica nunca obtiene mucho como fuerza política.

Marulanda continuó como comandante en jefe de las FARC hasta que muere de un ataque al corazón en 2008.

En respuesta a las conversaciones fallidas las FARC se embarcan en una enorme campaña de expansión que asumen el control del territorio contra grupos que se habían desmovilizado a raíz de la nueva constitución de Colombia que se ratificó en 1991.

Es el primer secuestro masivo que las FARC ejecutan. El incidente tiene 2 efectos principales: Colombia ve un marcado aumento en los secuestros durante la próxima década, y el gobierno de Colombia se propone erradicar la principal fuente de financiación de las FARC, sus campos de coca.

El nuevo grupo, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también determina que los civiles son como blancos justos en su campaña contra los izquierdistas y se convierte en la competencia para las FARC en el tráfico de drogas. El grupo estará vinculado a varios funcionarios del gobierno colombiano durante sus años de existencia, a pesar de ser etiquetado como una organización terrorista por EE. UU. y otros países.

Las conversaciones conducen al desarrollo de una "zona desmilitarizada" en El Caguán, una región selvática en el centro-sur de Colombia, pero con el tiempo comienzan a desgastarse ante el resurgimiento de las AUC, la negativa del gobierno de Colombia para llevar a cabo el intercambio de prisioneros y nuevos secuestros de las FARC.

El plan es visto con escepticismo por los defensores de los derechos humanos por el uso de los militares en una estrategia contra la droga y el soporte adicional para las fuerzas armadas que habían sido acusados de una gran cantidad de violaciones de derechos humanos que incluían ejecuciones extrajudiciales.

Su secuestro y la del senador Jorge Gechem piden al gobierno de Pastrana a declarar el fin de la zona desmilitarizada y la cancelación de las conversaciones de paz. Ella permanecerá prisionera de las FARC hasta 2008, cuando ella y 3 rehenes estadounidenses son liberados en una audaz operación donde los soldados colombianos se hacen pasar por trabajadores de las ONG.

Ningún grupo se hace responsable por el ataque, pero el gobierno culpa a las FARC, al acusar a varios miembros en ausencia por el bombardeo. Los rebeldes, a su vez culpan al propio gobierno de colocar la bomba para que la opinión pública se coloque en su contra.

Algunos dijeron que las marchas en Colombia; mares de color blanco que inundaron innumerables calles, habían sido las más grandes en la historia del país.

El presidente Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa, insta a las FARC a poner fin a los combates. "Desmovilizarse o terminarán en la cárcel o en una tumba", advirtió.

Durante las conversaciones, las FARC exigen que a cambio de dejar las armas el gobierno otorgue no solo el desarrollo de la tierra, sino también una participación política más estructurada y un sistema judicial justo para juzgar a sussoldados.

Después de la firma Jiménez declara: "Nunca más los padres enterrarán a sus hijos e hijas muertos por una guerra."

Según el acuerdo, los miembros de las FARC se desplazarán a varias áreas designadas y entregarán sus armas a la ONU durante un período de 6 meses. Algunos podrán postularse para un cargo. Se crearán una comisión de la verdad y tribunales de justicia especiales para juzgar a los ex guerrilleros; a los que digan la verdad se les darán sentencias poco severas, en algunos casos se podrá evitar el tiempo de encarcelamiento.

A pesar de una encuesta hecha por Ipsos que señala que el 72% de la población apoyaba el acuerdo de paz, gana el "no" por un pequeño margen. El país lo rechaza por unos 60,000 votos con una participación menor de 40%. Los negociadores de las FARC han dicho previamente que no van a seguir adelante con nuevas negociaciones, lo cual deja turbio el camino a seguir.