Los requisitos de identificación buscan frenar el turismo de vacunas, pero pueden excluir a residentes vulnerables

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Miguel es un trabajador de la construcción indocumentado que vive a las afueras de Miami, y que a diario lucha por demostrar su propia existencia. La policía lo acosa, le exige un documento de identidad con el que no cuenta. Sin dicho documento, no puede abrir una cuenta de banco ni solicitar un medicamento con receta en la farmacia.

Y ahora también significa que no se puede vacunar contra el coronavirus.

Luego de que los titulares de prensa denunciaran que un puñado de foráneos habían viajado a Florida para vacunarse, el estado declaró en enero que pondría fin al “turismo de vacunas”. Para recibir la inyección, los habitantes tendrían que presentar documentos que acreditaran su residencia en ese estado.

Solicitar una identificación oficial serviría para que las escasas dosis se distribuyeran entre aquellas personas que más las necesitan, de acuerdo con funcionarios y proveedores de gobierno, y sirve también para reducir las disparidades raciales y de ingresos en una campaña de vacunación que, hasta ahora, ha beneficiado de forma desproporcionada a personas ricas y blancas.

A veces, sin embargo, estas reglas terminan excluyendo justo a aquellas personas que se busca proteger.

Miguel, de 68 años, pidió que se omitiera su apellido por temor exponer su estatus migratorio; lleva viviendo en Florida más de 30 años, cuando llegó de Colombia, pero, dado que no tiene documentos, declaró a Buzzfeed que lo han rechazado dos veces de un centro de vacunación, a pesar de estar dentro del rango de edad para la vacuna.

Miguel es una de las personas elegibles para la vacuna a quienes se les ha negado el servicio, pues los centros de vacunación han determinado que no han sido capaces de demostrar su identidad o residencia en el estado. En algunos casos, según halló Buzzfeed News, se rechaza a personas elegibles incluso cuando presentan documentos que se adecuan a los requerimientos del centro de vacunación, lo que pone de manifiesto un rompecabezas de políticas inconsistentes y a veces arbitrarias en los centros. Si bien las autoridades impusieron requisitos de identificación con el propósito expreso de hacer una distribución más equitativa de las vacunas, al mismo tiempo crearon barreras para muchas poblaciones de alto riesgo, incluyendo migrantes indocumentados, adultos mayores que no conducen automóviles, y personas en situación de calle.

En respuesta a los incidentes aquí descritos, Walgreens, Albertsons, y el departamento de salud del condado de Los Ángeles dijeron estar revisando sus políticas de vacunación para asegurarse de que no se rechace a personas elegibles.

“Se pide un documento de identificación para recibir una vacuna porque se asume que todo mundo tiene uno”, dijo Kat Calvin, fundador de Spread the Vote, una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a las personas a obtener identificaciones oficiales con fotografía y lograr que puedan votar. Hasta un 11% de las personas adultas en los Estados Unidos (o más de 21 millones de personas en edad de votar) carecen de dicha identificación, según un informe del 2006 del Brennan Center for Justice. La encuesta encontró que los adultos mayores, las personas racializadas y las personas de bajos recursos son las más propensas a no tenerla. “Tenemos una enorme crisis de identificación en este país, que lo afecta todo”, añadió Calvin.

Si tú o alguna persona que conoces ha tenido problemas para recibir la vacuna, escribe a stephanie.lee@buzzfeed.com o a stephanie.baer@buzzfeed.com, o contáctanos vía uno de nuestros canales seguros.

Conforme hay cada vez más gente elegible para la vacunación, las autoridades sanitarias están lidiando con la forma de evitar que haya quien se salte la fila y, al mismo tiempo, de proporcionar vacunas a quienes tienen mayor riesgo de sufrir síntomas graves, un dilema complicado para el fragmentado sistema de salud del país. Aquellos con el tiempo y los recursos para insistir en que se les provea la vacunación logran proteegerse contra el mortal virus. El resto está en peligro de que se le deje a su suerte.

Cuando Florida abrió por primera vez su sistema de vacunación a adultos de 65 años o más, no se consideraba la residencia en el estado como requisito para recibir la dosis. De todas partes del mundo —Argentina, México, Nueva York, Canadá— llegaron aviones llenos de gente al llamado Sunshine State. “Ya vacunado!!”, tuiteó un conductor de televisión mexicano desde Miami. “Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!!”

Los habitantes de Florida explotaron. Para ellos, ver a foráneos saltarse la fila era otro insulto más contra los adultos mayores que ya navegaban una logística disfuncional, luchaban por los escasos turnos disponibles en Eventbrite o incluso dormían en sus autos mientras esperaban su turno.

El 21 de enero, el estado dio a conocer una lista de documentos que debían presentarse para demostrar la residencia. Mientras que el gobernador Ron DeSantis dijo entonces que la gente que vivía en el estado durante el invierno era elegible, añadió: “si vienen de otro país o algo así... Con eso no estamos de acuerdo, y no lo permitiremos”.

Fue uno de los primeros y más evidentes episodios de la lucha por equilibrar dos fuerzas aparentemente opuestas: el deseo de distribuir la vacuna de la forma más amplia posible, y la necesidad de priorizar valiosas dosis para aquellos que más las necesitan.

Conforme se puso en marcha el sistema de vacunación, hubo habitantes de Nuevo México que viajaron a Texas por dosis, y gente de Georgia que se trasladó a Alabama. Estos y otros estados —entre ellos Arizona, Colorado, Iowa, Minnesota, y Nevada— aseguran que no rechazarán a los visitantes.

Mientras tanto, Kentucky, Maine, Mississippi, Nueva Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, y Washington, junto con Florida, tomaron el camino contrario, reservando las dosis para quienes viven o trabajan en su territorio. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades permitieron a los estados decidir restringir las vacunas a residentes “siempre y cuando las medidas estén pensadas para perseguir objetivos de salud pública, tales como llegar a poblaciones prioritarias y promover la equidad”.

En un centro de vacunación en Washington Heights, un barrio mayoritariamente latino en la ciudad de Nueva York, se permitió a los habitantes de los suburbios solicitar citas de vacunación, de acuerdo con City, un periódico local. La publicación de la historia llevó a que el centro de vacunación reservara todos los turnos de ahí en adelante para residentes, el 60% de los cuales fueron para residentes de Washington Heights, Inwood, North Harlem, Central Harlem y South Bronx.

Asimismo, en Filadelfia, el Black Doctors COVID-19 Consortium anunció recientemente que, para obtener la vacuna, las personas menores de 75 años tendrían que demostrar residencia en un código postal con altos niveles de hospitalizaciones y muertes a nivel de la ciudad.

“El número de individuos sin condiciones de riesgo que se han desplazado a los barrios de la comunidad negra [para obtener vacunas] en el último mes es inadmisible”, dijo el fundador del grupo a la prensa en febrero.

El costo de mantener alejados a los turistas de vacunas, no obstante, podría significar excluir a aquellas personas que carecen de identificaciones o pruebas de residencia, así como a quienes viven en la calle o salieron recientemente de la cárcel.

En Florida, defensores de migrantes cuestionaron si el requisito de residencia era una respuesta proporcional al problema. ¿Debe un estado de 21 millones de habitantes, incluyendo un aproximado de 775,000 inmigrantes indocumentados, adoptar una política que deja fuera a los foráneos? Más de 80,000 no residentes se han vacunado en el estado hasta ahora, aunque esta cifra incluye a quienes habitan en Florida de forma temporal y tienen domicilio permanente en otra parte.

“Visto en un sentido amplio, no creo que aquellas personas que viajan para vacunarse supongan un riesgo estadísticamente preocupante”, declaró Thomas Kennedy, coordinador de United We Dream en Florida, un grupo defensor de inmigrantes liderado por jóvenes. “No es suficiente argumento para adoptar estas restricciones que excluyen de la vacunación a grandes porciones de nuestras poblaciones más expuestas y vulnerables”.

En Florida no se requiere demostrar que se es ciudadano estadounidense o residente permanente, sino solamente que se vive en el estado. Los documentos aceptados incluyen recibos de gas, hipotecas o contratos de arrendamiento, y estados de cuenta bancarios.

Miguel, el jornalero de las afueras de Miami, no tiene ninguno de estos papeles. Se muda con frecuencia, aseguró, y actualmente vive en una casa de tres recámaras con otras cuatro personas. No tiene ningún recibo o contrato de arrendamiento con su nombre.

Luego de acabar en el hospital en otoño de 2020 debido a una fuerte infección por COVID-19, Miguel quiere evitar que el episodio se repita. De por sí, muchas personas en la comunidad latina se muestran recelosas ante la vacuna, dice Oscar Londoño de WeCount, un grupo defensor de trabajadores migrantes y de personas de bajos recursos al sur de Florida; añadir a la ecuación la necesidad de demostrar la residencia dificulta convencer a personas que desconfían, quizás, del gobierno y de la autoridad médica.

Adonia Simpson, abogada defensora de lo familiar en Americans for Immigrant Justice, un bufete jurídico sin fines de lucro con base en Miami, se muestra preocupada porque la política de elegibilidad se publicite a partir de la “prueba de residencia estadounidense” —una frase que leyó hace poco en la publicación de un hospital en redes sociales—, lo que podría llevar a mucha gente a pensar erróneamente que el requisito está ligado al estatus migratorio. “Nos preocupa mucho que personas que podrían ser elegibles piensen lo contrario por la forma en que se transmite el mensaje”, dijo.

El Departamento de Seguridad Interior afirmó que todas las personas deben tener acceso a las vacunas “sin importar su estatus migratorio”. Muchos estados declaran explícitamente en sus sitios web que el estatus no es obstáculo para obtener la vacuna.

Sin embargo, quienes gestionan las dosis no siempre siguen estas políticas. A pesar de que en Texas no hay requisito de residencia, Abraham Diaz contó en una estación de radio local que a su padre lo habían rechazado en una clínica de la Universidad de Texas Rio Grande Valley por presentarse a la cita sin documentos. “[Mi papá] dijo que [el trabajador de la salud] le dijo en frente de todos: ‘usted no tiene número de seguro social, así que no le podemos ayudar. Es solo para ciudadanos estadounidenses’”, relató Diaz. Posteriormente, la universidad se disculpó.

En High Point, Carolina del Norte, Laura Zambrano Durán, de 85 años, no pudo obtener la vacuna en su farmacia Walgreens local porque un empleado le dijo que necesitaba una identificación del estado, a pesar de que Carolina del Norte aún no había endurecido sus lineamientos de residencia. En octubre de 2019, viajó de Colombia a los Estados Unidos para una visita familiar de seis meses, que tuvo que extender de forma indefinida cuando golpeó la pandemia. Al hacer cita en un hospital, descubrió que su pasaporte colombiano era suficiente para comprobar que cumplía el requisito de edad.

Phil Caruso, vocero de Walgreens, dijo que las sucursales de la compañía exigen una identificación para confirmar que la persona es elegible para la vacunación y que, a menos de que la autoridad local lo solicite de forma explícita, no puede negársele a personas que carezcan de ella. Sobre el caso de Duran, dijo: “Estamos revisando nuestros procesos con la sucursal, para evitar que esto se repita”.

Rene Trujillo estaba emocionado de celebrar el cumpleaños 88 de su madre con el regalo perfecto: la vacuna. Por ello, el mes pasado Trujillo y su esposa, radicados en Seattle, le agendaron una cita en línea en la farmacia Vons cerca de su casa en Bakersfield, California. El sitio de registro de la farmacia no tenía muchas instrucciones, e indicaba simplemente que debía presentarse con “una identificación con fotografía que acredite la edad requerida”. La madre de Trujillo, ciudadana estadounidense, lleva viviendo en California más de una docena de años pero no tiene licencia de conducir, así que, para mayor certeza, se presentó con un montón de documentos: una identificación de Florida, donde había vivido antes, su pasaporte, y sus tarjetas de seguridad social y Medicare.

(Nota aclaratoria: Trujillo es pariente de una de las autoras de esta historia.)

Al llegar, un empleado de Vons le indicó que necesitaba una identificación del estado de California, se negó a ver sus otros documentos, y finalmente la rechazó, según cuenta Trujillo.

“Lleva 55 años en este país, 50 siendo ciudadana, y se pregunta, si a ella la tratan así, cómo tratarán a otras personas”, dice Trujillo de su madre, quien se negó a una entrevista. “No quiere arriesgarse otra vez a pasar por este proceso de posible humillación”.

Andrew Whelan, vocero de Albertsons, compañía de la que Vons es parte, dijo que la práctica de la empresa es aceptar documentos que acrediten la elegibilidad de la persona según los lineamientos de las autoridades sanitarias locales, y que el “incidente, tal como se describe, no refleja la forma en que esperamos que se apliquen nuestras políticas”. Aseguró que la compañía se puso en contacto con farmacias en el área de Bakersfield para asegurarse de que conocen dichas políticas.

Incluso en un estado con un sistema de vacunación “basado en la elegibilidad sin considerar estatus migratorio o residencia”, los californianos se han enfrentado con obstáculos inesperados en centros de vacunación locales.

En el condado de Sacramento, Emily Jones, de 33 años, cuidadora de su hermano, se presentó a la cita en una sucursal de Safeway en Elk Grove con tres cartas de aprobación: de su autoridad sanitaria local, de la agencia de cuidados en la que trabaja su familia, y de su madre, quien técnicamente es también su empleadora. Aunque el sitio web de la farmacia enlistaba dichas cartas como prueba de elegibilidad, a decir de Jones, el empleado del centro de vacunación se negó a aceptar otra cosa que no fuera un formulario W-2 o un recibo de ingresos, ninguno de los cuales tenía ella, dado que su madre le paga con cheque personal.

Perpleja, Jones intentó con otra sucursal de Safeway en el mismo condado. Salió con la primera dosis en menos de una hora. Whelan, el vocero de Albertsons (que también es dueña de Safeway), dijo que la compañía estaba cubriendo también el área de Sacramento para asegurarse de que las farmacias están siguiendo los lineamientos locales.

En el condado de Los Ángeles, Bri, quien pidió mantener su apellido oculto para proteger su privacidad, tuvo que confrontar al personal de un centro de vacunación dependiente del condado para que le dieran la vacuna de Pfizer a su padre.

Como había perdido su licencia de conducir, el padre de Bri, un mexicano-estadounidense de 65 años que vive en un hogar multigeneracional, llevó a su primera cita su tarjeta de Medicare y una factura, ambos papeles que figuran en la lista de documentos aceptados en el condado. (A partir de entonces, el condado actualizó sus reglas y ahora exige que los mayores de 65 presenten una identificación con fotografía.) No obstante, tanto una enfermera como un supervisor y hasta el director del centro se negaron inicialmente a darle la dosis porque no tenía una identificación con fotografía.

“Yo le insistía [al supervisor]: ‘enséñame dónde dice que tengo que presentar eso’”, Bri declaró para BuzzFeed News.

El director del centro accedió finalmente, pero, tres semanas después, cuando su padre volvió por la segunda dosis, el personal de nuevo trató de negársela, a pesar de que contaba con la tarjeta de registro de vacunación y una identificación con fotografía de un empleo anterior, dos documentos que el condado requiere para la segunda cita. Esta vez, los empleados del centro argumentaron, según palabras de Bri, que necesitaba una identificación oficial con fecha de nacimiento.

En respuesta al cuestionamiento de parte de BuzzFeed News, la instancia de salud pública del condado confirmó que las identificaciones solo necesitan tener el nombre y la fotografía de la persona. Aseguró también que para la segunda dosis es necesaria una identificación con fotografía porque algunas personas no elegibles han tratado de burlar al sistema con tarjetas de registro fraudulentas o falsificadas.

Las autoridades sanitarias del condado no llevan registro de cuántas personas se rechaza, pero afirman que aquellas que eran elegibles y tenían una cita, como el padre de Bri, representan “un número relativamente pequeño” de gente a la que se le niega la dosis, y que el personal “pudo haberse confundido”. La instancia declaró que daría seguimiento al personal “para asegurarnos de que entiendan en qué momento es necesaria una fotografía y en cuál no se requiere”.

Bri afirmó: “yo comprendo que les preocupe que alguien trate de obtener algo que no le corresponde, pero en algún punto de todas formas nos van a vacunar a todos, así que para qué hacerle pasar un mal rato a la gente grande”.

La escasez de vacunas para COVID-19 a lo largo de los Estados Unidos ha provocado una necesidad fundamental: hacerse de un lugar al frente de la fila.

“No sé cómo se soluciona este problema, esta idea tan estadounidense de que te subes al coche y conduces hasta donde te solucionan el problema”, dice Nancy Berlinger del Centro Hastings, un instituto independiente dedicado a la investigación en bioética. “Quizá es el eco de lo que pasó hace un año, cuando la gente corría al Target para comprar todo el papel de baño: ‘necesito 12 paquetes gigantes, y no me importan las 11 personas detrás de mí’. Pero en este caso va a haber dosis para todos”.

La distribución de la vacuna está en manos de una miríada de fuentes, algunas de las cuales se unieron a la red apenas durante la administración de Biden: aseguradoras privadas, centros dirigidos por autoridades sanitarias locales y estatales, farmacias, centros de salud comunitarios, centros masivos operados por personal de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). Ninguno de estos proveedores puede identificar y contactar fácilmente a cada persona elegible. En cambio, las autoridades sanitarias, los empleadores privados y las organizaciones defensoras de derechos tienen que encontrar cada una sus propias soluciones para que las vacunas lleguen a las personas con altos niveles de comorbilidad.

En el condado de Santa Cruz, California, un hospital se asoció con un grupo de productores agrícolas para organizar una clínica de vacunación destinada a trabajadores del sector. Los agricultores entregaron listas con los nombres de sus empleados y luego les dijeron dónde y cuándo acudir. Lo único que tuvieron que hacer los jornaleros fue dar su nombre y fecha de nacimiento. “Vacunamos a 1,300 trabajadores en dos días, avisándoles con cinco o seis días de anticipación”, dijo Thomas Am Rhein, codirector del grupo de trabajo COVID de la Dirección de Agricultura del condado de Santa Cruz.

En el condado de Los Ángeles, donde actualmente cualquier persona de 65 años o más califica para la vacuna, los proveedores han recibido la recomendación de tomarle la palabra a personas en situación de calle de que cumplen el requisito de la edad si es que no tienen una identificación, según dijo la autoridad sanitaria a BuzzFeed News. Reconocieron que “es posible que muchos residentes en este grupo no tengan una identificación”.

Los activistas señalan que es necesario darle a la gente la mayor cantidad posible de opciones para demostrar su elegibilidad. Kelly Orians, codirectora ejecutiva de una organización sin fines de lucro llamada The First 72+, que ayuda a personas previamente encarceladas en su reincorporación a la sociedad, dice que los proveedores de vacunas podrían permitir que otras personas testifiquen sobre la identidad de una persona o hacerlas firmar una declaración jurada de su elegibilidad, un sistema similar a la forma en que se dan papeletas electorales provisionales a personas cuyo estatus de registro es incierto, para asegurar que no se excluya a nadie.

Por ahora, Miguel continúa trabajando de manera presencial en la industria de la construcción en Florida, a la espera de la vacuna. Junto con el grupo de defensa WeCount, está buscando que el condado de Miami-Dade incorpore una identificación municipal que permita a los residentes el acceso a servicios locales, desde el uso de la biblioteca hasta la vacunación, sin importar estatus migratorio. La idea se ha abordado antes, más recientemente en 2019, pero el requisito de residencia para la vacuna “creó una sensación de urgencia de traer el tema de vuelta”, según Eileen Higgins, la comisionada del condado que trabaja en la medida. Mientras tanto, lo único que puede hacer Miguel es tratar de evitar caer de nuevo en el hospital. “Si no nos vacunan, el contagio va a seguir creciendo”, declaró en español. “Es difícil. Y las autoridades saben de esto desde hace tiempo. Así que no sé por qué no nos dan algún tipo de identificación. Como trabajadores, la necesitamos”.●

Ken Bensinger contribuyó reportando esta historia. Traducido del inglés al español por Diego Olavarría.